Libertad de información

Muchos países tienen una variante local de lo que podría considerarse en conjunto una legislación en materia de libertad de información. Estas leyes se aprueban para dar a los ciudadanos el derecho legal de obtener información que posee el gobierno y aumentar así la capacidad de la sociedad civil de responsabilizar al gobierno.

Generalmente estas leyes establecen los tipos de información que deben estar accesibles al público bajo petición, la información que debe publicarse de forma proactiva y la información que queda sujeta a restricciones. La información confidencial desde el punto de vista comercial suele entrar en esta última categoría, lo que presenta dificultades para acceder a la información relacionada con las empresas. La disposición de los organismos gubernamentales a publicar información conforme a la legislación varía mucho y hay bastantes que la ocultan en contravención de las leyes. En Indonesia, por ejemplo, las ONG tuvieron que recurrir a los tribunales para obligar al Gobierno a publicar datos pertinentes relacionados con el aprovechamiento y procesamiento de madera.

En cualquier caso, estas leyes pueden usarse y se han usado como herramientas fundamentales para aumentar la capacidad de la sociedad civil de vigilar el sector forestal e identificar la ilegalidad en el aprovechamiento y comercio de madera. El Organismo de Investigación Ambiental, por ejemplo, pudo determinar el complejo sistema de blanqueo de madera que usaban algunas empresas de Perú usando la legislación para acceder a datos gubernamentales sobre las exportaciones e informes de inspección de las concesiones de tala [véase el Estudio de caso 6].

Libertad de información y Acuerdos de Asociación Voluntaria

Las disposiciones de libertad de información específicas de la madera se incorporan al texto de los Acuerdos de Asociación Voluntaria (AAV), que son acuerdos legales entre la UE y varios países exportadores de madera que tienen como objetivo fomentar el abastecimiento de madera legal verificada. Estas disposiciones imponen cierta obligación legal de divulgar información, incluso en aquellos países en los que no se ha promulgado ninguna ley genérica de libertad de información.

 La mayoría de los AAV incluye un apéndice en el que se resume la información que debe ponerse a disposición del público, de distintas maneras, para facilitar el control de la legalidad. Esto generalmente incluye una amplia variedad de datos, desde la ubicación de los títulos individuales de tala hasta la ubicación de las instalaciones de procesamiento vigentes. También se incluyen los datos agregados sobre la producción anual de trozas. La aplicación de los AAV ha sido lenta y diversa, así que puede ser que los datos no estén disponibles aunque deban estar accesibles. En los AAV de los siguientes países se incluyen apéndices sobre información pública:

  • Camerún (apéndice VII)
  • República Centroafricana (apéndice XI)
  • Indonesia (apéndice IX)
  • Liberia (apéndice IX)
  • República del Congo (apéndice X)

Actualmente están negociándose AAV con otros países de Latinoamérica, África y Asia. El texto de los AAV que se han completado, incluidos sus apéndices, puede encontrarse en el sitio web de Aplicación de las Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales (FLEGT) de la UE[1].

[1] http://www.euflegt.efi.int/vpa-text-and-annexes (en inglés).