5. Aprovechamiento ilegal

Tipos de aprovechamiento ilegal

La madera puede aprovecharse siguiendo diferentes modelos: desde la tala selectiva en bosques de gestión comunitaria, por ejemplo, hasta el desmonte de grandes superficies para el desarrollo de plantaciones. Bajo cualquiera de los modelos, la legalidad del aprovechamiento puede reducirse a dos preguntas sencillas:

  1. ¿Existe un derecho pleno y genuino de extracción de madera de una zona específica?
  2. ¿Se está extrayendo la madera de acuerdo con las disposiciones legales que atañen a dicho derecho?

En este apartado, nos referiremos a estos dos puntos como el «derecho de aprovechamiento» y las «infracciones operativas» respectivamente.

En el marco de estos principios, hay una gama diversa de tipologías de ilegalidad, que reflejan toda la variedad de requisitos que sustentan los derechos de aprovechamiento. En casi todos los países se han elaborado procesos de concesión de permisos bastante complejos que rigen diversos aspectos del aprovechamiento. Estos procesos van más allá de la mera cuestión de si hay o no derechos de tala de árboles. Hay normativas que tienen como objetivo que el Estado no sufra pérdidas, que el daño ambiental se mitigue, que las comunidades reciban algún beneficio y que no se aprovechen especies protegidas. Infringir cualquier aspecto de este régimen pueden convertir en ilegal el producto de una zona específica.

A pesar de que los bosques que abastecen al comercio mundial de madera se extienden por todo el mundo, los procesos de concesión de permisos y las formas de infringirlos muestran más similitudes que diferencias. Las evaluaciones del impacto ambiental, por ejemplo, son un requisito obligatorio común para las concesiones de tala selectiva y desmonte. Las concesiones de tala que practican una «gestión forestal sostenible» siempre requieren un plan de tala anual, que determina en qué zonas puede tener lugar el aprovechamiento en un año específico y qué volúmenes está permitido aprovechar. Las empresas que aprovechan madera siempre están sujetas al pago de impuestos.

En este apartado no incluiremos un catálogo de todos los requisitos legales, sino que nos centraremos en describir las actividades ilegales que se identifican con frecuencia, así como las formas de detectarlas y documentarlas. Estas tipologías no son exhaustivas pero ofrecen una perspectiva general de las prácticas ilegales que ha identificado la sociedad civil en Asia, África, Latinoamérica y el Lejano Oriente de la Federación de Rusia.

Actividades ilegales respecto al derecho de aprovechamiento

Talar en zonas sin el correspondiente permiso

La forma de tala ilegal que se reconoce con más frecuencia tiene lugar en aquellos lugares donde no existen derechos sobre la tierra o la madera. Puede ser en parques nacionales, áreas protegidas o reservas de pueblos indígenas, cuando la llevan a cabo personas ajenas al lugar. La tala también puede tener lugar una vez que el permiso ha caducado o antes de haberse obtenido. Una práctica que se ha documentado en Laos, la República Democrática del Congo, Perú, Brasil y el Lejano Oriente de la Federación de Rusia consiste en obtener derechos de aprovechamiento de un lugar y usar los permisos como tapadera para talar en otros lugares donde no existen derechos.

Talar en zonas sin todos los permisos necesarios

Como se ha descrito más arriba, el proceso de adquisición de derechos legales sobre una superficie forestal para la tala selectiva o la conversión a otros usos generalmente requiere toda una serie de procesos y permisos legales y administrativos. En aquellos casos en los que los procesos se han acelerado u omitido y, por lo tanto, faltan permisos, es posible que el producto de esas concesiones sea ilegal.

Las evaluaciones del impacto ambiental y los planes anuales de tala son ejemplos de licencias importantes de las que es común carecer. En Brasil, se ha producido madera ilegalmente por el desmonte de fincas privadas sin una «autorización de deforestación». En la República Democrática del Congo los contratos para las concesiones de tala obligatoriamente tienen que incluir acuerdos sociales con las comunidades locales, pero generalmente estos no existen. En Indonesia, es común que lo que no se haya obtenido sea el permiso por el que puede realizarse el aprovechamiento y la venta de rodales comerciales. En todos estos ejemplos, es posible que exista algún derecho o permiso, pero no todos los necesarios.

Asignar permisos ilegalmente

En aquellos casos en los que se han obtenido todos los permisos, de todas formas podría identificarse alguna ilegalidad en la forma de concederse los permisos. Esto puede surgir de la negligencia de los organismos gubernamentales o de la corrupción. Esta práctica es común en Indonesia, particularmente en la adquisición de permisos que deberían basarse en una evaluación del impacto ambiental antes de completarse el proceso de evaluación. En la República del Congo, hay vigilantes independientes que han documentado cómo se otorgaban concesiones sin el proceso de licitación que exige la ley y cómo se otorgaban permisos de tala a concesiones de palmeras de aceite antes de completarse una evaluación del impacto ambiental. Es posible que los permisos los obtuvieran personas relacionadas con políticos o incluso empresas bajo la propiedad directa de políticos. En algunos países, esto es ilegal. En cualquier caso, sea o no ilegal, es importante documentar y sacar a la luz este tipo de explotación por parte de los políticos.

Talar especies protegidas

Muchas de las especies de madera más valiosas que codician los comerciantes europeos y estadounidenses son cada vez más raras o amenazadas y están bajo la protección tanto de leyes nacionales como internacionales. Especies como el ramín de Indonesia, el wengué y la afrormosia de la cuenca del Congo y la caoba americana de la Amazonía han recibido protección legal que impone límites a su aprovechamiento. El ramín, la caoba americana y la afrormosia también se han incluido en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la cual impone controles regulatorios adicionales al comercio internacional.

Especies como estas son especialmente vulnerables a la tala ilegal debido a su valor. El aprovechamiento ilegal puede producirse tanto dentro como fuera de las concesiones. En la República Democrática del Congo, por ejemplo, el wengué se ha aprovechado sin los permisos que exige la ley. Por otro lado, en Perú, la caoba se tala ilegalmente y se blanquea a través de concesiones de tala aparentemente legítimas, usando una red de trámites burocráticos fraudulentos [véase el Estudio de caso 6].

Infracciones operativas

Incumplir los términos de los planes de tala

Las operaciones que se realizan en las concesiones de tala selectiva y desmonte suelen estar regidas por planes de gestión forestal. En ellos se define en qué zonas puede llevarse a cabo el aprovechamiento y durante qué período. Además, incluyen otros límites legales importantes destinados a conseguir la sostenibilidad a largo plazo, como las cantidades máximas o los diámetros mínimos de los árboles de diferentes especies que está permitido aprovechar. Estos planes pueden incumplirse de diversas maneras, por ejemplo, aprovechando en exceso, extrayendo árboles demasiado pequeños o talando en zonas que se encuentran fuera de los términos del plan. Otra práctica ilegal común consiste en aprovechar madera de pendientes empinadas o adyacentes a ríos, que son actividades que suelen prohibirse para mitigar la erosión del suelo o la polución del agua.

Incumplir los términos de otros permisos

El derecho de aprovechamiento generalmente va respaldado por otros procesos o permisos que exige la ley, cuyo objetivo consiste en mitigar la repercusión que tiene la tala sobre el medio ambiente y las comunidades locales. A menudo, la intención es garantizar que las comunidades obtengan algún beneficio directo de las empresas de tala o que no se violen sus derechos (a pesar de que no suelan estar plenamente reconocidos por la ley). Un ejemplo de uno de estos permisos o procesos son las evaluaciones del impacto ambiental (EIA), por las que se obliga a las empresas a identificar y mitigar la repercusión de sus actividades. La EIA no es un trámite único, sino más bien un proceso repetitivo que se extiende a lo largo de la duración de las operaciones de una empresa. Como son costosas y pueden limitar la capacidad de una empresa para explotar recursos, a menudo estas evaluaciones se inventan o se incumplen. En algunos países, como en Indonesia, el incumplimiento de las leyes de las EIA supone un delito penal que puede conllevar una pena de prisión para los infractores. Así, un proceso de EIA poco sólido debilitaría radicalmente la legalidad del derecho de aprovechamiento.

Los acuerdos sociales entre empresas y comunidades, cuando son obligatorios por ley, son otra forma de derecho o proceso que respalda el derecho de aprovechamiento. Estos acuerdos son obligatorios en la RDC, por ejemplo, donde se ha descubierto que las empresas incumplían rutinariamente los términos de los acuerdos sociales incorporados a sus contratos. A fin de aumentar los beneficios que recibe el país de origen, los contratos de tala también suelen incluir la obligación de que las empresas construyan aserraderos o procesen un porcentaje mínimo de los troncos que aprovechen. Este tipo de obligaciones también es común pasarlas por alto.

Talar fuera de los límites

El desmonte o el aprovechamiento más allá de los límites de las concesiones es una práctica común. En muchas áreas forestales remotas, los límites no están bien demarcados, si es que lo están en absoluto, y las autoridades no inspeccionan suficientemente el cumplimiento de los límites establecidos en los permisos.

Evadir impuestos

Las empresas de tala suelen estar obligadas a pagar impuestos forestales. Generalmente estos impuestos se componen de dos partes: un impuesto basado en la superficie arrendada a la empresa, o bajo otro tipo de gestión por su parte, y otro impuesto basado en el volumen de cada especie cosechada. A menudo, el proceso para determinar la deuda fiscal depende de un inventario forestal, que puede depender o bien de una declaración de los propios interesados o de funcionarios forestales con escasos recursos. Esto crea lagunas legales y fallos de supervisión que permiten que las empresas reduzcan al mínimo su deuda fiscal o eviten por completo pagar impuestos, lo que convierte la madera aprovechada en ilegal.

La infradeclaración de los volúmenes aprovechados es un problema omnipresente en Latinoamérica, África y Asia. Otra práctica común es la declaración falsa de especies, sustituyendo en la documentación las especies raras de mejor calidad por otras de menor valor. En aquellos casos en los que la tierra se desmonta sin el permiso específico por el que se permite la venta comercial de madera, como ocurre comúnmente en Indonesia, el producto realmente queda «sumergido» y así también se evaden todos los impuestos del punto de aprovechamiento. Esta práctica puede llegar a ser más compleja. En la RDC, hay vigilantes que han alegado que había empresas de tala que negociaban un acuerdo ilegal con el Gobierno que les permitía evitar pagar impuestos.