3. Cómo la sociedad civil puede ayudar

Las pruebas aportadas por varias ONG fueron un factor de importancia fundamental para convencer a los legisladores de que enmendaran la Ley Lacey y aprobaran el EUTR. Y también serán fundamentales para garantizar que esta legislación sea un éxito. La información presentada por terceros es importante para ayudar a la ejecución de las leyes. Todos los casos más significativos que se han instruido hasta la fecha conforme a la Ley Lacey y el EUTR surgieron de información aportada por distintas ONG. Además, será igualmente importante para mejorar la aplicación y el cumplimiento de estas leyes de otras maneras y para garantizar que las propias leyes sigan vigentes y se mejoren gradualmente.

El EUTR reconoce oficialmente la importancia de la información aportada por miembros del público. Uno de los artículos de la ley menciona expresamente que las autoridades pueden realizar controles de los taladores nacionales, importadores de madera o entidades de supervisión sobre la base de «preocupaciones justificadas» sobre el cumplimiento comunicadas por terceros. En el preámbulo se estipula que las autoridades competentes se han de «comprometer» a realizar controles en tales circunstancias.

Las autoridades del EUTR de la mayoría de los países de la UE dicen usar información aportada por terceros para decidir qué controles realizar. En una evaluación oficial del EUTR llevada a cabo en febrero de 2016 se concluyó que las preocupaciones justificadas se usaban mucho en los dos primeros años de aplicación del EUTR y que habían sido «una herramienta eficaz para identificar productos y operarios a los que debía darse prioridad en la realización de controles basados en el riesgo»[1].

La información aportada por la sociedad civil puede tener amplias repercusiones sobre el comportamiento de la industria, incluso cuando dicha información no sea adecuada para procesamientos individuales. Si las personas y organizaciones pueden demostrar el alto riesgo que conlleva la ilegalidad de cualquier cadena de suministro, esto puede tener un efecto paralizante sobre el mercado. Puede disuadir a los compradores de correr el riesgo de infringir la legislación y puede utilizarse para su diligencia debida. A pesar de que la Ley Lacey no impone sanciones legales a las empresas que no realicen su diligencia debida, al contrario que el EUTR, las empresas están sujetas a sanciones mayores si razonablemente deberían haber tenido conocimiento de que el origen de la madera era ilegal y los investigadores de la sociedad civil pueden asegurarse de que lo tengan.

En este sentido, poner a disposición del público una serie coherente de pruebas sólidas sobre la tala ilegal y el comercio asociado aumentará las probabilidades de que se atrape a los infractores que compren madera ilegal y aumentará la pena cuando se consiga.

Tipos de información útil

Hay una amplia gama de pruebas que pueden ser útiles para contribuir a la aplicación y ejecución del EUTR y la Ley Lacey. Lo ideal sería que las pruebas entregadas a los agentes de la ley fueran suficientes de por sí para justificar la adopción de medidas al respecto. Toda la cadena de suministro estaría bien documentada y se obtendrían pruebas indisputables de actividades ilegales que claramente entrarían en el ámbito del EUTR o la Ley Lacey. En realidad, esto rara vez es posible. En la mayoría de los casos, las pruebas recopiladas por terceros independientes no están completas. Parte de ellas incluso pueden estar relacionadas con productos o áreas de la legislación del país productor que escapan al ámbito del EUTR o la Ley Lacey. Sin embargo, esto no quiere decir que este tipo de información no pueda usarse con cierta repercusión.

Las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley pueden aprovechar las pruebas parciales o incompletas y ejercer su poder para realizar controles y acceder a la información gubernamental. Por ejemplo, pruebas sólidas sobre la ilegalidad relacionada con la madera de un proveedor extranjero específico pueden empujar a los agentes a comprobar las bases de datos de aduanas para establecer si hay alguna empresa que importe artículos de dicho proveedor.

Incluso cuando solo puede demostrarse que un producto es de probable origen ilegal, aunque no sea seguro, esto puede ser suficiente para cambiar el comportamiento de la empresa o demostrar una falta de diligencia si más tarde aparecen más pruebas. Las pruebas que están relacionadas con productos o áreas de la legislación del país de origen que no recoge la legislación vigente pueden utilizarse para futuras enmiendas de dicha legislación. La Comisión Europea, por ejemplo, ya está considerando una posible ampliación de las categorías de productos que abarca el EUTR. 

En el Recuadro 2 se resume de qué maneras la información puede respaldar la aplicación de la legislación, ampliar la legislación e influir sobre el comportamiento y las políticas. Las posibles aplicaciones disponibles para las personas y organizaciones dependerán en gran medida del tipo de información que puedan recopilar. Por ejemplo, es posible que puedan recopilar datos detallados de una empresa que puedan llevar a una medida coercitiva. O es posible que no tengan información detallada de una empresa pero tengan un conjunto más amplio de pruebas sobre los índices de ilegalidad de todo un país. Quizás esto no lleve a un procedimiento ejecutorio contra una empresa específica pero puede usarse para disuadir a las empresas de abastecerse de artículos de dicho país. También es posible que recopilen una serie de pruebas sólidas sobre la ilegalidad de un producto en particular que actualmente no entra dentro del ámbito del EUTR y esto podría respaldar las acciones para incluirlo y ampliar así este reglamento.

En el siguiente capítulo se explica detalladamente cómo pueden las personas del mundo entero buscar información y pruebas pertinentes. En el último capítulo, por su parte, se exploran las mejores maneras de formatear esta información para aumentar al máximo su repercusión.

Cómo pueden las pruebas de terceros contribuir a la aplicación de la Ley Lacey y el EUTR

  • Llevando directamente a medidas coercitivas: lo ideal sería que las pruebas entregadas a los agentes de la ley fueran suficientes de por sí para justificar la adopción de medidas al respecto, pero esto no es común.
  • Ofreciendo un punto de partida: incluso cuando no están completas, las pruebas buenas y bien documentadas que aportan las ONG a las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley pueden ofrecer un punto de partida a partir del cual puedan fundamentar una acusación.
  • Influyendo sobre las prioridades de ejecución de la ley: aparte de ofrecer un punto de partida en el que basarse, las pruebas buenas pero incompletas que aportan las ONG pueden ayudar a influir sobre los agentes de la ley respecto a dónde concentrar sus recursos, lo que incluye cómo elegir qué envíos, empresas o cadenas de suministro de productos comprobar.
  • Demostrando conocimiento previo: conforme tanto al EUTR como a la Ley Lacey, la decisión de si las autoridades instruyen o no un caso (al igual que el nivel de sanción que se aplica) depende en parte de hasta qué punto una empresa tenía o razonablemente debería haber tenido conocimiento de que la madera era ilegal o conllevaba un alto riesgo de ilegalidad. Las ONG pueden contribuir a que en el futuro sea más probable que se emprenda un procesamiento y a que las posibles sanciones sean mayores, si se ponen en contacto con las empresas que se ha descubierto que importan o manejan productos específicos de alto riesgo y las advierten del riesgo que esto conlleva.
  • Influyendo sobre el comportamiento del sector privado: incluso cuando las pruebas obtenidas por las ONG no llevan a una medida coercitiva, de todas maneras pueden tener como consecuencia cambios voluntarios en las prácticas de adquisición de las empresas. Las ONG pueden enviar información directamente a los compradores que se ha identificado y, si corresponde, también pueden ejercer presión mediante la publicación de sus hallazgos.
  • Influyendo sobre la política gubernamental: cuando las pruebas obtenidas por las ONG no se usan en procedimientos ejecutorios porque están relacionadas con productos que quedan fuera del ámbito pertinente o con delitos determinantes, o porque el gobierno o la autoridad competente ha fracasado en su deber de aplicar y ejecutar adecuadamente la legislación, sacar el caso a la luz puede ayudar a fomentar una mejor aplicación o incluso traer consigo enmiendas de la legislación para ampliar su ámbito de aplicación.

[1] COMISIÓN EUROPEA. Evaluación del EUTR, febrero de 2016. http://ec.europa.eu/environment/forests/eutr_report.htm (en inglés).